miércoles, 23 de mayo de 2018

LA CATALUÑA QUE QUEREMOS PARA EL SIGLO XXI MODELO PROPUESTO PARA CATALUÑA




1. Cataluña después del catalanismo
Apuntes para un nuevo proyecto político:
Desde finales del franquismo hasta el inicio del proceso separatista, la política catalana se ha desarrollado bajo un consenso general en torno al llamado "catalanismo político". Se ha tratado de un acuerdo tácito en el que han participado la gran mayoría de las fuerzas políticas y sociales; sólo el Partido Popular (antes Alianza Popular) y Ciudadanos en los últimos años se han quedado al margen. Este acuerdo daba por aceptadas e incuestionables algunas premisas que en otras circunstancias habrían sido objeto de debate:
- Cataluña es una nación.
- Cataluña es un solo pueblo.
- El catalán es la lengua preferente, especialmente en la enseñanza.
- Los elementos administrativos que se pueden asociar a España son sustituidos o alterados.
Este catalanismo transversal todavía poco desarrollado y que podía tener sentido en tanto que frente común durante la dictadura, tiene continuidad con la hegemonía política que consigue el nacionalismo en las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña de 1980. La izquierda, gran derrotada en estas elecciones, es incapaz de construir un proyecto alternativo para Cataluña y termina aceptando, acríticamente, el programa del catalanismo llevado a cabo por el recién nacido "pujolismo". Este acuerdo tácito debería contentar a las dos grandes corrientes políticas que se apuntan en el eje nacional. Los nacionalistas catalanes verían reconocidos unos principios básicos que darían personalidad política a Cataluña y los no nacionalistas se conformarían creyendo que esta personalidad se enmarcaría en la nueva Constitución Española de 1978. A partir de este momento y de manera abierta pero también de manera soterrada (hoy paciencia, mañana independencia) se pusieron las bases de la "Reconstrucción Nacional de Cataluña". Los partidos de izquierdas, que son los que asumen mayoritariamente la representación de amplios sectores sociales procedentes del resto de España, no sólo aceptan, acríticamente como decíamos antes, este proceso, sino que colaboran en su despliegue, muchas veces de manera entusiasta.
Por diversas razones (el impacto de la crisis económica y los duros recortes de Mas, la llegada de una nueva generación de líderes a los puestos de responsabilidad, casos como el 3%, como el del Palau, etc.), las cuales ahora y aquí no es el lugar de analizar, en otoño de 2012 el nacionalismo, con el inicio del proceso secesionista, rompe de hecho este consenso tácito. Un sector importante del nacionalismo catalán entiende que el trabajo realizado durante cuarenta años ha dado sus frutos y que ya no necesitan mantener el compromiso de aceptación del marco de la Constitución de 1978.
El otoño de 2017, después de cinco años de "proceso", una parte muy significativa de la sociedad catalana, ante la perplejidad de los partidos de izquierda tradicionales en Cataluña, sale a la calle y hace patente, por otro lado desde el otro polo de la sensibilidad territorial, la aceptación de la ruptura del consenso catalanista. Las últimas contiendas electorales, así como las diferentes encuestas de opinión, nos muestran que la sociedad catalana está partida, en definitiva, por la mitad y que las bases que han aguantado la política catalana ya no sirven. Desde la izquierda, con la voluntad de trabajar para construir sociedades justas e inclusivas, creemos necesaria una nueva definición de aquellas premisas que deben servir de base para conducir en esa dirección a la sociedad catalana.
2. De las identidades
Cataluña es una sociedad plural, tanto en el terreno cultural como también en el terreno identitario. Establecer un perímetro identitario que se limite a recoger la identidad de una parte de la sociedad dejando fuera al resto de identidades de la plural Cataluña significa tratar como anomalía la identidad de esos ciudadanos, incluida la mayor de las anomalías: considerarlos ciudadanos sin identidad.
Presuponer que una identidad única parcial también en el sentido de la sinécdoque: aspirando a la representación de la totalidad puede substituir a ese conjunto de identidades solo sería aceptable si consiguiéramos superar el debate de identidades étnicas y pasar a un espacio delimitado por el concepto de ciudadanía. La identidad cívica es una identidad generada en las personas por el hecho de vivir en un marco jurídico que garantiza un contrato social positivo (equitativo y justo) para todos, en el que su identidad individual/colectiva tiene cabida siempre que cumpla con los estándares democráticos comúnmente aceptados.
La identidad es además algo referente en primer lugar a la persona. Pese a que un conjunto de personas pueden compartir una determinada identidad etnocultural o etnolingüística, sería difícil que en cada una de ellas se percibiese la misma fórmula identitaria, porque lo habitual es que haya gran cantidad de elementos superpuestos y un amplio conjunto de ingredientes o variables no compartidas. La identidad es algo individual que se materializa de forma colectiva. Se genera en relación con y por relación a. Es decir que es el contacto habitual el que establece una comunión de pautas y percepciones que determinan la saliencia de un determinado aspecto de la identidad (marcador), que tiene siempre una dimensión relacional en el sentido de realzar la diferencia frente a personas que se adscriben a grupos humanos que difieren precisamente en ese aspecto y no en otros. Esto se produce a través de dos procesos típicos de la dinámica de grupos: homogeneización intragrupal y diferenciación intergrupal.
En consecuencia, no resulta conveniente esencializar ni sacralizar la identidad. De una parte porque es a la vez contingente, mudable y compuesta; de otra, porque es un producto social de la interacción entre las varias dimensiones de la experiencia humana y de la relación con el conjunto cada vez más amplio de personas con las que interactuamos en este universo global y virtual. Finalmente, establecer una identidad fija solo es posible mediante la amputación de ciertas dimensiones y la consiguiente restricción de derechos personales en pro de ese objetivo imposible de la pureza esencial.
Por ello no es aceptable que desde el poder político controlado por partidos con una ideología determinada se pueda exigir o condicionar las identidades de los habitantes de un territorio. En este asunto solo es democráticamente asumible una concepción laica o aconfesional del Poder respecto a la identidad. En todo caso solo es aceptable la pertenencia a la comunidad en cuanto que es la que garantiza espacios de libertad, espacios de derechos y de bienestar, y ampara todas las diferencias que no interfieran con el estatus de ciudadanía.
3. De la lengua en el territorio
En una sociedad mayoritariamente bilingüe aunque de forma minoritaria aparezcan hablantes de muchas más lenguas que merecerían una consideración especial plantear un modelo lingüístico que prime una lengua sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, porque se pretende proteger una identidad basada en la lengua y su permanencia en un territorio, es simplemente expulsar a otros ciudadanos de un espacio de igualdad respecto a derechos y libertades. Eso en términos de democracia no es aceptable y además es una fuente de inestabilidad que tarde o temprano irá en contra de las libertades, de los derechos y del bienestar.
Cataluña ha sido hasta ahora una sociedad que permite el aprendizaje de dos lenguas prácticamente por ósmosis comunicacional, es decir, que, espontáneamente, las dos lenguas mayoritarias se aprenden fácilmente en su uso popular, bastando después el aprendizaje culto en el sistema educativo. Las sociedades bilingües permiten así, sin gran esfuerzo personal para el individuo ni presupuestario para la sociedad, aprender dos códigos de comunicación de forma no consciente y sin incidentes. Y el dominio de dos códigos lingüísticos facilita además el aprendizaje posterior de otras lenguas.
Desde que se inició el proceso de construcción nacional, ese hecho fue visto como un problema por los teóricos nacionalistas, que emprendieron la colocación de diques que dificultaran la conjunción lingüística, tanto en la escuela como en la vida cotidiana. Una de las dos lenguas fue vista como un elemento hostil que dificultaba la pervivencia de la otra lengua o al menos su posición dominante. Y en cuanto que a la lengua se la consideraba como el pilar fundamental de la identidad deseada, el bilingüismo ”natural” resultaba en la práctica no deseable. El intento de romper ese aprendizaje “osmótico” puede haber sido un éxito en aquellos lugares en los que el dominio de la lengua pretendida como hegemónica y dominante era mayoritario, dado que el dominio expresivo y culto de la otra lengua quedaba en la práctica abortado. Como corolario se conseguía que, en los lugares en los que era mayoritaria la otra lengua, la que no debía ser dominante, su uso culto dependiera del nivel de recursos familiares.
La presencia institucional y administrativa de ambas lenguas en todos los ámbitos sociales es una pieza fundamental para recuperar ese modelo de aprendizaje de las dos lenguas. Aceptando siempre que en el ámbito privado, el no institucional, son los ciudadanos los que eligen las modalidades de uso de ambas lenguas, decidiendo tanto el modo de relacionarse con su entorno como el modo de gestión de su vida cultural o personal.
En una sociedad bilingüe habría que establecer que la única obligación de los ciudadanos es no forzar a otros a cambiar de lengua. Que cada uno pueda expresarse en la lengua que considere que le va mejor según su propio criterio. Eso puede implicar un bilingüismo pasivo, es decir, que uno puede hablar en una lengua y su interlocutor en otra, estableciéndose una comunicación fluida.
4. El mundo educativo
La educación de nuestros hijos respecto a la lengua y a los contenidos de la enseñanza debe plantearse con el objetivo de facilitar a esos niños el desarrollo máximo de sus capacidades, de forma que se les den herramientas que potencien su autonomía y sus logros. Eso quiere decir que no puede haber condicionantes ideológicos que limiten ese desarrollo del niño. Por ello la educación deberá tener en cuenta, al inicio del proceso escolar, tanto la lengua familiar de origen como la situación económica de la familia, que será la manera de garantizar, si no la igualdad de oportunidades, sí al menos la eliminación de una parte de las desventajas de partida que tienen los niños procedentes de entornos desfavorecidos.
La prioridad no puede ser entonces la llamada “construcción nacional”, que subordina el resultado escolar del niño a esa ideología. Por todo ello es necesario tener en cuenta que los elementos que hay que considerar en el tema identitario y lingüístico tendrán que ver con el objetivo de que, al salir del sistema escolar, los niños hayan alcanzado la competencia suficiente en las dos lenguas.
Para todo ello habrá que considerar el entorno lingüístico y social del niño. Si el entorno es mayoritariamente catalanohablante, habrá que dar un refuerzo que permita a los niños suplir las carencias de su contexto social, disponiendo los medios para que el español esté presente en el espacio educativo y, evidentemente, en el del municipio. De manera que el número de horas de clase en español tendrá que adaptarse a esa nueva situación, sin que ello suponga menoscabo en lo concerniente al aprendizaje del catalán. En el caso de un niño de un entorno familiar y geográfico castellanohablante debería realizarse un esfuerzo similar de aprendizaje en catalán, también con la consideración de que su competencia en español quede igualmente garantizada.
En ambos supuestos se debe tener presente la comunicación de los niños con sus padres para recibir ayuda en los deberes y en las dudas que genera el aprendizaje. Resulta injustificable interferir en las rutinas de la comunicación familiar y privada por motivos patrióticos, además de perjudicial, porque hacerlo afecta al desarrollo emocional, intelectual y social (incluyendo aquí la carrera profesional) del niño.
El tema social debe tenerse en cuenta a la hora de distribuir recursos económicos. Si eso debiera tenerse en cuenta incluso en el caso de que habláramos de un territorio con una sola lengua oficial, debería ser objeto de especial atención en el caso de una comunidad autónoma con dos lenguas oficiales, a fin de impedir que la ecuación lengua y clase se consolide y se convierta en una bomba de relojería etnolingüística. Evidentemente, eso exigiría una aportación de recursos superior en el caso de niños con entornos familiares desfavorecidos. La idea fundamental es que el aprendizaje en general y el de las lenguas en particular sea complementado con recursos que permitan superar dificultades en la educación, fruto de un mayor índice de inmigración, menor soporte escolar por parte de las familias, menores opciones de acceso a actividades extraescolares, etc.
5. División administrativa / Estructura territorial
La división administrativa ha sido uno de los caballos de batalla del catalanismo y/o del nacionalismo catalán. El planteamiento, de tan simple, roza el ridículo: la división provincial introducida en 1833 es sólo un producto del jacobinismo que sustituyó la división administrativa tradicional de Cataluña.
Debe empezar por decirse que, desde finales de siglo XVIII, el pensamiento ilustrado bregó por una racionalización territorial. La ocupación napoleónica organiza un sistema de prefecturas que no respeta en absoluto las raíces históricas. Un ejemplo: la prefectura de Tarragona agrupaba territorio catalán, aragonés y valenciano. Era una mala copia de la división departamental francesa.
El primer intento no impuesto fue el de 1822, durante el trienio liberal, con una división provincial en la que se hallan las raíces de la de 1833. Aunque no agrupaba las provincias en regiones, respetaba las divisiones históricas.
Por lo que respecta a Cataluña, basta dar una ojeada a la topología de la división provincial creada en 1833 para ver que los límites no son arbitrarios, al estilo de los trazados con regla y cartabón en África, por ejemplo, o de los diseñados durante la ocupación napoleónica (aunque nunca incorporada formalmente al Imperio francés, la mayor parte de Cataluña fue dividida en departamentos; no en prefecturas, como el resto de España). Es más, si reseguimos el límite de la provincia de Lérida con las de Gerona, Barcelona y parte de Tarragona, puede comprobarse que dicho límite coincide, a grandes rasgos, con el lingüístico de las modalidades oriental y occidental del catalán.
Con casi 200 años de vigencia, resulta absurda la inquina nacionalista contra la división provincial, sobre todo porque las propuestas “veguerías” resultan más artificiales que las actuales provincias. Por ejemplo, la supuesta veguería central, con localidades a los dos lados del citado límite lingüístico, no parece tener otro objetivo que el de crear un “bantustán” nacionalista. Un enclave geográfico sin base racional, pero que agruparía administrativamente una serie de municipios de fuerte implantación nacionalista.
Gran parte de la argumentación nacionalista sobre el tema se basa en la división comarcal propuesta por Pau Vila en la década de 1930. Hay un aspecto o rasgo muy importante a resaltar en dicha propuesta: se respetaron escrupulosamente los límites provinciales, de tal manera que la excepción se reduce a una, la Cerdaña. Y la causa es que probablemente es de las pocas, o la única, comarca natural (trasciende a la división estatal entre España y Francia). Porque una de dos: o la división comarcal es artificial, como las provincias a las que se ajusta, o la división provincial responde a criterios no artificiales y por eso la comarcal las respeta. De otra manera no se entendería la manera como cuadran una y otra.
La división en veguerías sería por supuesto un absurdo si no sustituyera a las provincias. Sería poco racional establecer tres divisiones superpuestas: provincias, veguerías y comarcas. Si, además, se quiere respetar la división comarcal existente que, repetimos, se ciñe a los límites provinciales, la organización en veguerías no supondría otra cosa que el fraccionamiento de las provincias. Un sin sentido, cuando en toda Europa se tiende a la creación de unidades territoriales de mayor tamaño. Ejemplos: Italia ha agrupado provincias; Francia ha hecho lo propio con las regiones, y se discute la viabilidad de unidades administrativas tan pequeñas como los departamentos, creados en un contexto histórico en el que el sistema de comunicaciones nada tenía que ver con el actual.
Afortunadamente, la persistencia de la división provincial está en manos del Estado. La única alternativa racional a dicha división sería reducir Cataluña a una única unidad administrativa, que se correspondería a lo que ya empieza a ser urgente: una ley electoral con lista única para toda la Comunidad.
Es exigible la disolución de los consejos comarcales, simple fuente de clientelismo, ya que permiten un control político de los municipios por el consejo correspondiente, premiando a los “buenos” y castigando a los “malos”. Es también urgente una ley que permita la creación de mancomunidades para prestación de servicios basados en criterios de racionalidad administrativa. Por ejemplo, el Área Metropolitana de Barcelona, frente a ese fantoche que constituye la comarca del “Barcelonés”. Tampoco hay que dejar de lado la posibilidad de la creación de mancomunidades que vayan más allá de los límites regionales o, incluso, estatales, al menos por lo que hace a la prestación de servicios. Un ejemplo lo tenemos en la Cerdaña, con un hospital transfronterizo, que sirve tanto a la parte francesa como a la española. Un tratamiento de residuos común está en proyecto.
Un ejemplo futurible de mancomunidad que trascendiera los límites entre autonomías podría ser el que, más tarde o más temprano, se le va a plantear a Lérida, tan cercana a la raya de Aragón. No creemos que fuera por casualidad que la primera universidad de la Corona se creara en la capital de Poniente, como una forma de servir tanto a Aragón como a Cataluña. Parecería que Jaime II el Justo, su creador en 1300, tenía las cosas más claras que ciertos políticos actuales.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el actual modelo territorial debería ser cuestionado de raíz. Todo indica que en la práctica ha servido para introducir duplicidades y multiplicar las oportunidades para el clientelismo respecto a los partidos actualmente hegemónicos, además de permitir perpetuar un sistema de partidos determinados por su presencia territorial.
El sistema de comarcas es en este momento una traba que impide desarrollar las potencialidades productivas de territorios que no encajan en el modelo comarcal vigente. El caso paradigmático es la metrópoli existente alrededor del municipio de Barcelona. Después de la disolución de la Corporación Metropolitana de Barcelona, que cubría un amplio espectro de necesidades de una gran urbe como es Barcelona y su conurbación, tuvieron que crear otros entes que suplieran las prestaciones que la CMB estaba dando. La metrópoli de Barcelona es el mayor potencial de generación de riqueza que existe en Cataluña y también en el resto de España, al igual que otros ámbitos metropolitanos españoles, con Madrid a la cabeza. Esto es así en todos los países en los que se produce un elemento de atracción de conocimiento y de utilización más eficiente de diversos recursos: transporte, energía, I+D+i, telecomunicaciones, etc. Probablemente en Cataluña el hecho metropolitano solo es aplicable a la zona de Barcelona y, en menor medida, a la de Tarragona.
Es necesaria una revisión global del actual modelo que permita recuperar el concepto metropolitano sin que sea visto como un peligro para el resto de territorios, sin que se vea sometido a filtros con un trasfondo de miedo identitario. No se cuestiona, con el tratamiento del hecho metropolitano, la necesaria distribución de recursos entre ciudadanos recogida en nuestra Constitución, porque no se pide descentralizar esa función, ya que la redistribución solo es posible con un ente centralizado capaz de conocer las necesidades de todo el territorio.
La estructura territorial debe adecuarse a las realidades metropolitanas existentes, de forma que se puedan aprovechar, en beneficio de todos, los efectos sinérgicos de una metrópoli. Una ley debe reconocer esa realidad como un nuevo actor político.
6. Ley Electoral
La ley electoral debe abandonar la actual distribución que permite que un voto partidista sesgado suponga una alteración del mapa político. El hecho de que la Ley electoral actual sea la vigente en toda España nos da una idea del interés de la actual hegemonía política, siempre interesada en establecer barreras jurídicas que nos separen del resto de España, en que no se toque la actual situación discriminatoria respecto a los votantes de las zonas metropolitanas.
La justificación existente para primar la presencia de determinados territorios, dado el tamaño de Cataluña, solo es entendible como una mera excusa para mantener las ventajas que permite a los nacionalistas gobernar por mayoría de escaños pese a obtener menos votos. La justificación más bien excusa en un territorio como el catalán podría servir también para conseguir que la representación municipal tuviera igualmente necesidad de poner cuotas de barrio. Imaginemos lo que pasaría si se piensa, por ejemplo, en Singuerlin o Santa Rosa en Santa Coloma de Gramenet.
Elaborar una propuesta de Ley electoral realmente proporcional debería ser entendido como una exigencia democrática, en cuanto que dificulta que un voto primado de modo partidista pueda alterar el mapa electoral. Ya sea mediante circunscripción única, ya asegurando la igualdad del valor del voto a nivel provincial, habría que buscar la forma de eliminar tan grave carencia democrática.
7. CONCLUSIONES
- Desde la izquierda, con la voluntad de trabajar para construir sociedades justas e inclusivas, creemos necesaria una nueva definición de las premisas que han regido la política catalana desde finales del franquismo, que deben servir de base para conducir en esa dirección a la sociedad catalana.
- Solo es democráticamente asumible una concepción laica o aconfesional del Poder respecto a la identidad. En todo caso solo es aceptable la pertenencia a la comunidad en cuanto que es la que garantiza espacios de libertad, espacios de derechos y de bienestar y ampara todas las diferencias que no interfieran con el estatus de ciudadanía.
- En una sociedad bilingüe habría que establecer que la única obligación de los ciudadanos es no forzar a otros a cambiar de lengua. Que cada uno pueda expresarse en la lengua que considere que le va mejor según su propio criterio. Eso puede implicar un bilingüismo pasivo, es decir que uno puede hablar en una lengua y su interlocutor en otra, estableciéndose una comunicación fluida.
- La educación deberá tener en cuenta, al inicio del proceso escolar, tanto la lengua familiar de origen como la situación económica de la familia, que será la manera de garantizar, si no la igualdad de oportunidades, sí al menos la eliminación de una parte de las desventajas de partida que tienen los niños procedentes de contextos desfavorecidos.
- El actual modelo territorial debería ser cuestionado de raíz. La estructura territorial debe adecuarse a las realidades metropolitanas existentes, de forma que se puedan aprovechar, en beneficio de todos, los efectos sinérgicos de una metrópoli. Una ley debe reconocer esa realidad como un nuevo actor político.
- Elaborar una propuesta de Ley electoral realmente proporcional debería ser entendido como una exigencia democrática en cuanto que dificulta que un voto primado de modo partidista pueda alterar el mapa electoral. Ya sea mediante circunscripción única, ya asegurando la igualdad del valor del voto a nivel provincial, habría que buscar la forma de eliminar tan grave carencia democrática.
ASEC/ASIC (marzo de 2018).

martes, 7 de marzo de 2017

CREAR UN ESPACIO PARA LA IZQUIERDA NO NACIONALISTA EN CATALUÑA



Escrito por Luis Roca Jusmet

Lo que estamos viviendo en Cataluña es terrible. Al margen de las consecuencias devastadoras para los que vivimos en Cataluña de la fase actual del capitalismo y del gobierno del PP, aquí tenemos el problema añadido de un movimiento totalitario que quiere imponer un nuevo Estado sobre bases de insolidaridad y de un nacionalismo etnicista. La situación actual es dramática para los ciudadanos de izquierda que vivimos en Cataluña. Lo es porque los partidos de la izquierda catalana han entrado en el juego de los nacionalistas. El nuevo partido del comuns que se está construyendo en Cataluña ( a partir de Barcelona encomú de Ada Colau, Podem, ICV y EUiA ) está defendiendo un referéndum que legitima la voluntad de secesión bajo criterios identitarios y su discurso está impregnado de conceptos nacionalistas. Algunos de sus dirigentes, como el parlamentario y dirigente de EuiA Joan Josep Nuet han entrado además en el discurso del independentismo. El PSC se ha desmarcado del referéndum y está defendiendo el Estado de derecho, pero con muchas ambigüedades en su discurso y sin una autocrítica de sus responsabilidades en la creación del movimiento nacionalista en Cataluña. Podemos, en un ejercicio combinado de oportunismo y de miopía política, defiende el referéndum unilateral en Cataluña. Incluso Pedro Sánchez, que se presenta como la voz de la auténtica voz de la izquierda en el PSOE, coquetea con el tema. Lo mismo Alberto Garzón, de Izquierda Unida.
Estos últimos años de ha creado un movimiento político ideológicamente transversal que es Societat Civil Catalana ( SCC), que está realizando un trabajo necesario y que hoy está dirigido por personas claramente desvinculas de nacionalismo españolista o derechista. Ha aparecido también Concordia cívica, cuya cabeza visible. Teresa Freixes, una persona de larga trayectoria constitucionalista y de defensa de los derechos humanos.
Pero dentro de estos movimientos transversales hace falta un espacio específico para la izquierda no nacionalista. Federalistes d´esquerra también ha jugado un papel positivo pero se mueve en una idea ambigua de federalismo, que incluye planteamientos asimétricos y de una supuesta tercera vía que en estos momentos no existe.
La semana que va del sábado 25 de febrero al viernes 3 de marzo me parece que ha sido muy importante para el inicio de una dinámica de creación de este espacio político que debería tener la izquierda no nacionalista en Cataluña. El sábado 25 de febrero Alternativa Ciudadana Progresista convocó una reunión amplia, bautizada como “Encuentro de la izquierda no nacionalista”, en el centro cívico Can Golferich de Barcelona, para todos aquellos que se consideran dentro del espacio político de la izquierda no nacionalista. Alternativa Ciudadana Progresista ( ACP ) fue creada hace ya varios años y lleva desarrollando un trabajo paciente para critica al nacionalismo y sus aliados y crear las bases para la construcción de esta izquierda no nacionalista
en Cataluña. Asistieron personas significativas de Recortes cero, ASEC-ASIC, Unión de los socialistas, de los núcleos que quieren potenciar una federación del PSOE, de CNI ( un nuevo grupo fundado por Antonio Robles ), el coordinador general de la tendencia ROJ@S del PSC,y algunos militantes y dirigentes del ala socialdemócrata de Ciudadanos. También gente de izquierda implicada en movimientos transversales ideológicamente como Sociedad Civil Catalana y Concordia Cívica. La reunión fue un primer contacto, donde se discutieron muchas cuestiones y se sentaron las bases para posteriores reuniones donde pudieran acordarse acciones comunes.
El miércoles 28, Recortes cero ( apoyado por organizaciones como ACP, ASEC-ASIC ) organizó una concentración por la tarde en la Plaza Sant Jaume bajo el lema “Per la unitat del poble treballador, NO a la independència”. Asistieron unas 200 personas, y aunque el acto fue minoritario los participantes lo hicieron de manera activa ( pancartas, intervenciones...).
Lo más importante fue, a mi modo de ver, la elaboración de un documento, a iniciativa de miembros de ASEC-ASIC, contra la convocatoria unilateral del referéndum catalán. ASEC-ASIC son las siglas de l´Assemblea Social de l´Esquerra de Catalunya- La Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña. Es un grupo de personas, la mayoría con una larga tradición de compromiso con la izquierda, que vimos la necesidad de potenciar este espacio para potenciar la confluencia de la izquierda no nacionalista. Lo que tenía de significativo es que los firmantes se definían explícitamente como de izquierdas. Esto es lo que decía el documento :
" MANIFIESTO en contra del referéndum unilateral, y por tanto antidemocrático, de Cataluña / MANIFEST en contra del referèndum unilateral, i per tant antidemocràtic, de Catalunya
"Los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas de izquierda que vivimos, mayoritariamente, en Cataluña, nos manifestamos en contra del referéndum unilateral y, por tanto, antidemocrático de Cataluña. Estamos en contra porque lo hace sin contar con la opinión de todos los posibles afectados en el conjunto de España, legitima el derecho a la secesión de una parte, con el objetivo de construir un nuevo Estado, y además sobre la base de un nacionalismo etnicista. Pensamos, por el contrario, que nuestra lucha pasa por conseguir un Estado de Derecho que garantice por igual los derechos civiles, políticos y sociales de toda la ciudadanía, incluida, por supuesto, la catalana. Sostenemos que las declaraciones de Podemos, en la línea de lo que plantean CSQP y el nuevo partido de los "comunes" en construcción, divide a los ciudadanos y a las ciudadanas en esta lucha común y hace el juego a los nacionalistas."
Els sotasignats, ciutadans i ciutadanes d’esquerra que vivim, majoritàriament, a Catalunya, ens manifestem en contra del referèndum unilateral i, per tant, antidemocràtic de Catalunya. Estem en contra perque, sense comptar amb l’opinió de tots els possibles afectats en el conjunt d’Espanya, legitima el dret a la secessió d’una part, amb l’objectiu de construir un nou Estat, i a més sobre la base d’un nacionalisme etnicista. Pensem, ben al contrari, que la nostra lluita demana aconseguir un Estat de Dret que garanteixi per igual els drets civils, polítics i socials de tots els ciutadania espanyols, inclosa, per supusat, la catalana.. Sostenim que les declaracions de Podemos, en la línia del que plantegen CSQP i el nou partit dels “comuns” en construcció, divideix els ciutadans en aquesta lluita comuna i fa el joc als nacionalistes.”
El documento ha generado en pocos días múltiples adhesiones. Entre ellas vale la pena mencionar la de figuras tan carismáticas como Félix Ovejero o Carlos Jiménez Villarejo. Y también la de dirigentes de Societat Civil Catalana y Concordia Cívica.
El jueves 2 de marzo,a las 19 horas, tuvo lugar en el centro cívico Can Verdaguer de Nou barris una conferencia y debate abierto con el algo provocativo título Porqué no es democrático el derecho de decidir ?. La intención era que la conferencia fuera básicamente una invitación a la participación de los asistentes. Se trataba también de presentar a ASEC-ASIC.
Un formato horizontal, interactivo, y no un acto formal en el que unos hablan y los otros escuchan. El objetivo se llevó a cabo a la perfección. Hubo muchas intervenciones y todas muy interesantes, que iban desde las más analíticas hasta las más vivenciales.
Miguel Candel realizó una brillante exposición en la que reflexionaba sobre las causas que habían llevado a enredar a la izquierda comunista en la trampa de aplicar el derecho de autodeterminación de una manera abstracta en un contexto totalmente diferente al que le daba un sentido. Este fue un eje de intervención en el que insistieron muchas aportaciones, algunas de ellas de militantes cuyos dirigentes habían caído en una deriva claramente nacionalista. También explicó la falacia de presentar como federalismo lo que era confederal, que implica una soberanía y una independencia previa seguida de la decisión de unirse. Igualmente la falsa comparación entre Escocia y Cataluña, ya que la primera parte de una unión histórica entre los dos reinos soberanos de Inglaterra y Escocia. Un asistente británico complementó este planteamiento señalando que la reivindicación soberanista en escocia estaba vinculada a las clases más desposeídas y estaba ligada a una reivindicación de derechos sociales.
Vicente Serrano, el otro ponente, puso de manifiesto la falacia que afirma que el 80 % de los catalanes defienden el derecho a decidir. Lo argumentó de manera consistente, tomando como base sus estudios sobre el voto real en Cataluña. Vicente argumentó también como la participación de los contrarios al referéndum con un No lo que haría sería legitimar el llamado derecho a la secesión. Derecho que no es más que una artimaña retórica para esconder la voluntad de la secesión, que no se apoya, por otra parte, en ningún derecho reconocido.
La conclusión a la que se llegó es que la izquierda catalana ha interiorizado totalmente el discurso nacionalista. Que es absolutamente necesario una izquierda en Cataluña que plante cara al nacionalismo hegemónico y que defienda lo que realmente le corresponde, que el la igualdad y la justa redistribución de la riqueza. La pobreza, como se señaló en varias intervenciones, es un problema real en Cataluña. ¿ Qué se puede hacer para construir esta izquierda no nacionalista ? Pues potenciar las pequeñas organizaciones que, como ASEC-ASIC, han organizado el acto.

Hay que continuar trabajando. Hay que fortalecer este movimiento de izquierda no nacionalista, que ha de participar además en este frente antimacionalista con grupos más transversales como SCC o CC. Hay que pasar de la resistencia a la ofensiva política. La manifestación que ha convocado Societat Civil Catalana será importante y lo será también que está izquierda esté presente en ella.

domingo, 1 de enero de 2017

DE PUNTILLAS, Y SIN PASIÓN, POR LA SENDA DE LA CONSTITUCIÓN


Escrit per Xavier Pardo

Tal dia com avui, doncs, us faré la meva primera aportació, amb una cita (de José Luís López Bulla, 2015) al respecte:

La actual seguridad social no es franquista. Con la aprobación de la Constitución Española de 1978, aquella institución y las pensiones de jubilación, dejaron de ser estatutos concedidos y pasaron a ser derechos inalienables, bienes democráticos del común, con universalidad de cobertura y de protección

Cita que, en un article que vaig escriure al diari "Menorca", comentava al final així:
En el cas que els anticonstitucionalistes (anti CE) de tota mena (els ruralistes de Fuenteovejuna, i els seus impagables aliats d' "esquerres") desballestin la CE 1978, que ens expliquin abans, per favor, què faran en arribar als articles d'aquesta llei matriu (subratllo, matriu) que obliguen als podres públics a cobrir materialment necessitats bàsiques com el règim general de la Seguridad Social, la salut, i l'atenció als disminuïts físics, elevant-los a drets per a tota la ciutadania. I que ens expliquin, també, què faran amb l'art. 50 de la CE 1978 que proclama el dret a una pensió pública per a totes les persones majors de 65 anys.

De ben segur que amb això no convenceria, si me llegixen, als furibunds anti CE 1978 del nacionalcatalanisme (com el Mas, els Pujol F., el Puigdemont, els regidors ruralistes de Berga, Vic, etc., el Turull, el Junqueras, l'Homs, i els seus companys de les CUP...); ni tampoc convenceré als anticonstitucionalistes (de qualsevol C que sigui E) que  -"per quota" demogràfica i vegetativa ens toca-  hi puguin haver en ASEC...Pero ahí queda eso...

sábado, 31 de diciembre de 2016

DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIÓN


 Hemos pasado de una idealización global de la Transición y de la Constitución a su contrario : la descalificación total. En ASEC/ASIC pensamos que la izquierda debe ser racional y constructiva. Esto quiere decir que hemos de analizar el valor de la Constitución desde una perspectiva de izquierdas y ver cuales son las reformas que deben plantearse. Vamos a empezar por el tema la estructura territorial, que no va a ser el único. Para empezar vamos a colgar una serie de artículos que han ido apareciendo sobre el tema. 
 El blog está habilitado para los comentarios y os invitamos a ir haciéndolos en base a los artículos que van apareciendo.

EL PUNTO DE PARTIDA

TERESA FREIXES

Catedrática Derecho Constitucional UAB

La disposición de las principales fuerzas políticas españolas a explorar un proceso de reforma constitucional ha llevado a La Vanguardia a solicitar la opinión de un grupo de prestigiosos expertos constitucionalistas, con el objetivo de estudiar las posibilidades de que los cambios en la Carta Magna puedan brindar una salida dialogada a la cuestión catalana. A partir de hoy, y en sucesivas entregas durante los próximos días, los catedráticos Teresa Freixes, Xavier Arbós, Francesc de Carreras, Marc Carrillo, Javier Pérez Royo y Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ofrecerán a los lectores sus reflexiones y propuestas para afrontar uno de los retos más complejos de la democracia española: el encaje de Catalunya en España.
Hay quienes se interrogan acerca de si con una reforma constitucional se podría dar una respuesta adecuada al "conflicto catalán". De entrada, señalaré que no se trata de un "conflicto catalán", sino de un conflicto que se está produciendo en España, originado por el Gobierno de la Generalitat y la mayoría parlamentaria actual que, sin responder a una mayoría social, pretenden separar Catalunya del resto de España creando un nuevo Estado, dicen, en el marco de la Unión Europea.
Los principales argumentos que se esgrimen para "justificar" esta secesión se centran en la afirmación de que el sistema de financiación no responde a las actuales necesidades, que el autogobierno constitucionalmente previsto es insuficiente para las "aspiraciones del pueblo catalán" y que, por consiguiente, no han de ser acatadas las resoluciones de las instituciones constitucionales de resolución de conflictos, especialmente las que provienen del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Hay que señalar que algunas de estas cuestiones podrían ser resueltas en el marco de reformas legales si no se pretende romper el marco constitucionalmente previsto, como es el caso de la financiación, en el que las previsiones constitucionales son escasas, dado que insertan a Catalunya en el marco general regulado por la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Y esto es así porque durante la elaboración de la Constitución, el grupo parlamentario de la Minoría Vasco­Catalana (así se denominaba entonces) no encontró razones para situar a Catalunya dentro del régimen especial del que gozan los "territorios forales", y esta comunidad autónoma se integró en el régimen común.
Basta con repasar los debates parlamentarios, publicados oficialmente por las Cortes Generales, para dar cumplida cuenta de ello. No es posible, pues, sin reforma de la Constitución, instaurar en Catalunya un modelo de financiación similar al de los territorios históricos del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra.
Sin reforma de la Carta Magna no es posible instaurar un modelo de financiación como el del País Vasco o Navarra
En cambio, el argumento de que las instituciones de resolución de conflictos constitucionalmente previstas no son válidas en las circunstancias actuales no es de recibo, puesto que quiere instaurar el principio de considerar ilegítimo lo legal y democráticamente establecido por la Constitución. Quienes defienden esto, considerando que la ley no puede sujetar a la democracia, han de saber que ello es contrario radicalmente a los valores y principios básicos del constitucionalismo instaurado en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se fundamenta en el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. En todos estos sistemas, la democracia se ejerce dentro de los procedimientos legalmente previstos.
No aceptar estos postulados imposibilita pensar que una reforma constitucional pueda facilitar la resolución del conflicto provocado por el Govern y el Parlament, cuando adoptan resoluciones que son anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional, y que se pretenden hacer efectivas en clara rebeldía contra lo decidido por un órgano jurisdiccional, como es, en toda Europa y América, el Tribunal Constitucional o las instituciones similares de control de constitucionalidad. Si no se actúa en el marco jurídico democrático previsto, nos situamos ante una estrategia de confrontación más propia del Far West (o del hace más de un siglo periclitado ancien régime) que de los países civilizados de nuestro entorno.
Si no se actúa en el marco jurídico democrático previsto, nos situamos ante una estrategia más propia del Far West
Queda, en este rápido apunte, el peliagudo asunto del denominado "derecho a decidir" o referéndum de ámbito catalán, cuya realización "sí o sí" en palabras del president, o "pactado" con
el Estado según otros, constituiría una clara vulneración del marco constitucional vigente, puesto que no está jurídicamente previsto y rompe, además, el principio básico del derecho de la Unión Europea de respeto a la integridad territorial de sus estados miembros. En este contexto, la ruptura del statu quo, para que fuera legal y legítima, precisaría que fueran previamente reformados la Constitución y el tratado de la Unión.
Se impone, pues, concretar qué cuestiones concretas se pretende reformar para determinar si ello precisa o no de reforma constitucional. Y ello sería un buen punto de partida para, al mismo tiempo, visualizar el grado de apoyo político y social que estas reformas podrían tener, pues quedaría dibujado el cuadro del diálogo, de consensos, o disensos, sobre estos temas. La determinación de estas reformas podría también constituir un ejercicio democrático de búsqueda de equilibrios, dentro del marco constitucional, o precisando si es necesaria su reforma. Es decir, permitiría clarificar si existen o no bloqueos y por parte de quién se producen. No olvidemos que los procedimientos de reforma constitucional son dos y que, aunque en la Constitución de 1978 no existen cláusulas de intangibilidad, la reforma es tanto más difícil y exige más acuerdo cuanto más espinoso resulta su objeto material

LA CONSTITUCIÓN Y EL INDEPENDENTISMO

 XAVIER ARBÓS MARÍNX. ARBÓS MARÍN, 

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, UB


Sabemos que el independentismo dominante no va a ceder a cambio de una reforma constitucional. Dispuesto a la secesión unilateral, aspira a un acuerdo que permita realizar un referéndum vinculante sobre la independencia durante el 2017, pero ese acuerdo es inviable. El referéndum versaría sobre la secesión de una parte del territorio del Reino de España, y eso lo prohíbe el artículo 2 de la Constitución Española (CE) al proclamar enfáticamente el carácter "indisoluble de la unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Por otra parte, aunque ese precepto podría ser modificado, el independentismo no tiene ninguna intención de esperar a que se produzca esa reforma. Sabe que en ningún caso va a aceptarla ni el Partido Popular, ni el PSOE ni Ciudadanos.
A ese independentismo, que goza de mayoría absoluta en el Parlamento catalán, no le puede interesar ninguna reforma constitucional. Pero tal vez haya independentistas que puedan reconsiderar su opción si la reforma constitucional ofrece mejoras para el autogobierno de Catalunya. Podemos partir de la idea de que esas mejoras tendrán que ver con la reparación de los efectos de la infausta sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya del 2006. Antes de entrar en ello, sin embargo, conviene reflexionar sobre las condiciones que pueden hacer viable la reforma constitucional.
Una reforma del texto constitucional debe proponerse renovar el consenso que le proporciona legitimidad. Y para ello debe atraer a una parte de la ciudadanía catalana que ahora apoya la secesión. Si lo que se pretende a medio plazo es que la reforma constitucional sume apoyos en Catalunya, hay que hacer, a corto plazo, una oferta convincente en la línea de mejorar el autogobierno catalán. El contenido de esa oferta tiene que decidirlo el Gobierno central, tras escuchar a los protagonistas de la vida política, económica y social de Catalunya, porque asume la responsabilidad de llevarla a cabo.
Una reforma del texto constitucional que goce de legitimidad debe atraer a una parte de los independentistas
Sin esas medidas inmediatas, generadoras de confianza, poco puede esperarse de una futura reforma constitucional. A título de ejemplo, el Gobierno central podría responder de modo claro y verificable a alguna de las famosas cuarenta y seis reivindicaciones de la Generalitat. También podría desistir de algún conflicto de competencias: era algo habitual cuando el PP o el PSOE establecían pactos parlamentarios con CiU en el Congreso de los Diputados.
Desde una mejora de la confianza pueden apuntarse contenidos para la reforma constitucional. Inevitablemente aparecerá la reclamación del reconocimiento de Catalunya como nación, que topa con grandes dificultades. Habría que entrar en el título preliminar, para que el artículo 1 se refiriera a España como "nación de naciones". Ese concepto ampara cualquier identidad nacional: la que se refiere a España como nación, la que la asume de Catalunya y la de quienes comparten ambas.
Si se trata de reconocimiento, no es necesario privar al pueblo español, en su conjunto, de su condición de titular de la soberanía nacional.
Lo más sustancial sería las modificaciones del título VIII, retocando lo relativo a financiación y competencias
Lo más sustancial se encontraría en las modificaciones del título VIII. Se tramitarían siguiendo lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Española: deberían ser aprobadas por tres quintas partes del Congreso de los Diputados y la misma proporción del Senado. Habría que retocar, en el artículo 149.1, todo lo relativo a la competencia exclusiva del Estado para dictar normas básicas. Debería fijarse, caso por caso, que lo básico se ciñe al establecimiento de marcos comunes, lo suficientemente amplios como para permitir que puedan desarrollarse políticas autonómicas detalladas. En asuntos culturales eso es especialmente importante para Catalunya. Habrá que ver si se acepta que el régimen lingüístico del sistema educativo pueda decidirse en Catalunya, garantizando el conocimiento de las dos lenguas oficiales. Y, por supuesto, habría que concretar más el sistema de financiación, quizá en el artículo 156 de la Constitución Española. El objetivo debería ser, además de mantener la solidaridad, mejorar la equidad asegurando un mínimo retorno en inversiones para las comunidades autónomas que, como Catalunya, son contribuyentes netas al reequilibrio territorial.
Todo cambio del título VIII se podría encajar en la vía que sugería Miguel Herrero de Miñón: una disposición adicional nueva que sería la quinta, específicamente referida a Catalunya. Habría que seguir también el artículo 167 de la Constitución, pero el precepto incluye un riesgo importante, porque basta una décima parte de diputados o una décima parte de senadores para provocar que
la reforma sea sometida a ratificación mediante referéndum. Y en un referéndum así, referido a una reforma para Catalunya, puede imaginarse la fuerza del rechazo que podría exhibir una campaña por el "no" impulsada por prejuicios anticatalanes.
Ahí asoma nuestra propia versión del riesgo de cualquier referéndum. Crucemos los dedos, y esperemos que haya actores políticos a la altura de las circunstancias.

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